Mientras la ONG habla de 1.350 casos, autoridades aseguran que no llegan a 54
Las autoridades afirman que están trabajando para bajar el número de secuestros (Cortesía El Informador)
1.350 secuestros entre los de largo alcance (mayor monto de dinero y tiempo) y los express, en lo que va de año, son las cifras extraoficiales que maneja el Comité de Víctimas contra la Impunidad del estado Lara, de los cuales un poco más de 100 se refieren a los casos de grandes sumas de dinero.
Mientras, las estadísticas oficiales varían entre 52 y 54 para los secuestros largos, cifra menor a las 59 contabilizadas a través de los medios de comunicación. El Comité de Víctimas asegura que no se manejan cifras exactas, debido al miedo de las víctimas de hacer la denuncia, en muchos casos, por suponer que hay funcionarios policiales implicados.
Afirman que en más de 90% de los casos de secuestro las víctimas prefieren negociar antes que acudir a las autoridades. Sin embargo, el jefe de la subdelegación del Cicpc-Barquisimeto, comisario José Núñez, asegura que 75% de los casos son denunciados, debido a los resultados obtenidos por los cuerpos policiales durante este año.
Policías bajo lupa Según el Comité, existen más de 14 denuncias contra funcionarios del Cicpc sin respuesta, y más de 20 contra miembros del GAES. Actualmente están imputados por tribunales 9 efectivos de ese cuerpo involucrados presuntamente en el caso Grosso y el caso Cabrera.
Las fiscalías 21 y 22 tienen abiertos procedimientos contra funcionarios del Cicpc, entre ellos un alto jefe de la Brigada Antiextorsión, quien está imputado por el caso San Juan, ocurrido hace más de 6 años y en donde resultaran muertos dos menores de edad, otro por tortura, además de tener expedientes abiertos en Yaracuy por desaparición forzosa.
Otro caso relevante en el que hay un funcionario implicado es el del inspector Juan Vicente Gori, involucrado en el caso del cuádruple homicidio de La Ribereña, ocurrido hace un mes.
En la policía del estado también hay investigaciones abiertas: Rodríguez Figueras, ex comandante del organismo policial durante el mandato del ex gobernador Luis Reyes Reyes tuvo que salir del cargo debido a las denuncias formuladas desde el propio seno del Consejo Legislativo de Lara.
Según el Comité de Víctimas, más que bandas que operan desde la cárcel de Uribana, como declaró el jefe de región del Cicpc, comisario Carlos Rodríguez, estas bandas de secuestradores están conformadas con complicidad de algunos funcionarios y ex jefes policiales.
El mandatario regional, Henri Falcón, ha manifestado la intención de mejorar la situación del cuerpo, pues ha anunciado que están bajo proceso administrativo unos 440 efectivos de Polilara.
Por su parte, en el Cicpc, el comisario José Núñez asegura desconocer los casos en donde se encuentren involucrados funcionarios del organismo a su cargo y asegura que si existen algunos imputados como el GAES, se trata de averiguaciones por enfrentamientos, más que por estar acusados de ser autores intelectuales de hechos delictivos.
Mientras, las estadísticas oficiales varían entre 52 y 54 para los secuestros largos, cifra menor a las 59 contabilizadas a través de los medios de comunicación. El Comité de Víctimas asegura que no se manejan cifras exactas, debido al miedo de las víctimas de hacer la denuncia, en muchos casos, por suponer que hay funcionarios policiales implicados.
Afirman que en más de 90% de los casos de secuestro las víctimas prefieren negociar antes que acudir a las autoridades. Sin embargo, el jefe de la subdelegación del Cicpc-Barquisimeto, comisario José Núñez, asegura que 75% de los casos son denunciados, debido a los resultados obtenidos por los cuerpos policiales durante este año.
Policías bajo lupa Según el Comité, existen más de 14 denuncias contra funcionarios del Cicpc sin respuesta, y más de 20 contra miembros del GAES. Actualmente están imputados por tribunales 9 efectivos de ese cuerpo involucrados presuntamente en el caso Grosso y el caso Cabrera.
Las fiscalías 21 y 22 tienen abiertos procedimientos contra funcionarios del Cicpc, entre ellos un alto jefe de la Brigada Antiextorsión, quien está imputado por el caso San Juan, ocurrido hace más de 6 años y en donde resultaran muertos dos menores de edad, otro por tortura, además de tener expedientes abiertos en Yaracuy por desaparición forzosa.
Otro caso relevante en el que hay un funcionario implicado es el del inspector Juan Vicente Gori, involucrado en el caso del cuádruple homicidio de La Ribereña, ocurrido hace un mes.
En la policía del estado también hay investigaciones abiertas: Rodríguez Figueras, ex comandante del organismo policial durante el mandato del ex gobernador Luis Reyes Reyes tuvo que salir del cargo debido a las denuncias formuladas desde el propio seno del Consejo Legislativo de Lara.
Según el Comité de Víctimas, más que bandas que operan desde la cárcel de Uribana, como declaró el jefe de región del Cicpc, comisario Carlos Rodríguez, estas bandas de secuestradores están conformadas con complicidad de algunos funcionarios y ex jefes policiales.
El mandatario regional, Henri Falcón, ha manifestado la intención de mejorar la situación del cuerpo, pues ha anunciado que están bajo proceso administrativo unos 440 efectivos de Polilara.
Por su parte, en el Cicpc, el comisario José Núñez asegura desconocer los casos en donde se encuentren involucrados funcionarios del organismo a su cargo y asegura que si existen algunos imputados como el GAES, se trata de averiguaciones por enfrentamientos, más que por estar acusados de ser autores intelectuales de hechos delictivos.
Marla Prato
ESPECIAL EL UNIVERSAL
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