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Xóchitl Álvarez Corresponsal
GUANAJUATO, Gto.— La aprehensión de dos líderes del grupo delictivo La Familia Michoacana ocasionó el repunte de la violencia y la afrenta directa de sicarios contra agentes y bases policiales en Guanajuato. Este desafío a las Fuerzas Armadas ha dejado al menos 19 ataques a cuarteles de seguridad y 30 bajas de policías acribillados a sangre fría desde 2007.
Tras la captura de Arnoldo Rueda Medina El Minsa, en julio pasado, ocurrió un ataque a los edificios de la Policía Federal de Celaya y León. La noche del pasado jueves, la detención de Cristóbal Altamirano Piñón, La Güera o La Rubia, desencadenó una serie de atentados a cinco bases de Celaya y Villagrán.
El procurador estatal de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre, atribuye los hechos a la venganza de organizaciones criminales por las detenciones de delincuentes y decomisos de droga y armamento. En los diferentes ataques, algunos en acciones simultáneas, se ha identificado la participación de La Familia Michoacana y sicarios de Los Zetas.
Apenas unas horas después de los atentados a cinco bases de seguridad en Celaya y Villagrán, el fiscal del estado culpó de su autoría a La Familia Michoacana como parte de una reacción violenta por la captura de Cristóbal Altamirano Piñón, presunto fundador o líder del cártel de La Familia en la entidad.
En el reto a las fuerzas de seguridad la delincuencia ha echado mano de artefactos explosivos y armas de alto poder, y ha irrumpido en acciones repetidas en las sedes policiales de Jerécuaro, Celaya, Salvatierra, Acámbaro, Villagrán, Cuerámaro, León, Ciudad Manuel Doblado y San Francisco del Rincón.
Han sorprendido a policías y mandos en esas ciudades y en los municipios de Valle de Santiago, Moroleón y Uriangato. El procurador, a casi dos años de la violencia permanente, insiste en que ésta es una revancha del crimen organizado por las acciones del Estado.
De enero a noviembre fueron detenidos 164 delincuentes (280 en los últimos tres años) y 17 han muerto al enfrentarse con la policía, han asegurado 121 armas largas, 95 cortas, 39 granadas y 28 vehículos blindados.
Recuento de atentados
La cadena de ataques inició el 21 de marzo de 2008 cuando un grupo armado ingresó al edificio del Ministerio Público en Jerécuaro y asesinó a cinco funcionarios. El mismo día dos elementos de la policía ministerial de Guanajuato fueron levantados y siguen desaparecidos.
El 26 de agosto de 2008 sicarios, identificados por la autoridad como zetas, arrojaron granadas y se enfrentaron a balazos con soldados en el acceso al cuartel militar habilitado en las instalaciones de la feria de San Francisco del Rincón. El miércoles 10 de septiembre un grupo de hombres usó granadas y disparó contra policías en León.
El delegado de la Procuraduría General de la República (PGR), Martín Levario Reyes, ha dicho que el origen de la violencia es el enfrentamiento de los grupos de narcotraficantes del cártel del Golfo y La Familia, que se disputan el dominio de esta plaza y el control del mercado de las drogas.
El pasado 10 de mayo, el procurador Zamarripa Aguirre declaró por primera ocasión la “alerta permanente” en todos los edificios de seguridad pública y se incrementaron las medidas de control. Sin embargo, la medida no ha logrado frenar los atentados y ejecuciones de uniformados. El viernes pasado, unas horas después de los ataques en Celaya y Villagrán, el fiscal reiteró el alertamiento para toda la entidad.
Las ejecuciones
El 8 de noviembre pasado, el comandante Juan Calderón Huerta, de la policía municipal de Moroleón, murió a manos de un comando en pleno centro del municipio de Uriangato.
En Cuerámaro, el 16 de octubre una banda criminal acribilló al director de la policía, el capitán Refugio Pedroza Barrón, junto con su hijo, quien fungía como su asesor. Antes fue asesinado el secretario de Seguridad Pública de Villagrán, Alberto Bolaños Galván.
El 5 de agosto sicarios rafaguearon y detonaron granadas en la Subprocuraduría de Justicia de Irapuato y en las instalaciones de la Policía Ministerial de Silao, con un saldo de dos muertos: un civil y un agente del Ministerio Público.
Las acciones de los sicarios que más han llamado la atención ocurrieron el 11 de julio de 2009, cuando los edificios de la Policía Federal de Celaya y León, así como una patrulla de la corporación, fueron baleadas por grupos de gatilleros, tras la detención de Arnoldo Rueda Medina, El Minsa, supuesto operador de La Familia Michoacana.
Dos días después ocurrió una nueva agresión a las instalaciones de la PF en León. Ese 13 de julio, un grupo de presuntos sicarios de La Familia Michoacana mataron a balazos al comandante Eladio Romero Durán.
El 10 de mayo el crimen organizado lanzó granadas de fragmentación a la sede del Ministerio Público de Jerécuaro, a la cárcel de Villagrán y a las oficinas de la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo (UMAN) de Celaya.
El mismo día, un grupo disparó con fusiles de asalto al vehículo de un escolta del secretario de Seguridad Pública estatal, Baltasar Vilches Hinojosa.
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