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El Universal
MONTERREY, NL.— Un centenar de elementos cesados de la Secretaría de Vialidad y Tránsito de Monterrey tomó ayer las instalaciones de la dependencia municipal, en protesta por la decisión del alcalde Fernando Larrazábal Bretón de liquidar a 276 efectivos que cayeron en actos de corrupción y falta de confianza.
Los agentes de Tránsito atravesaron patrullas y motocicletas en el acceso a las oficinas y formaron una valla humana en respuesta a la determinación que la noche del martes anunció el cabildo regiomontano.
Larrazábal Bretón dijo que los 276 efectivos fueron cesados por actos de corrupción, dar positivo a consumo de drogas en pruebas antidopaje o por no cumplir con el perfil necesario para ser policía de Tránsito.
En represalia, al menos un centenar de uniformados colapsaron a las 13:00 horas de ayer la entrada al edificio, ubicado en Lincoln y Gonzalitos, colonia 5 de Mayo. El bloqueo concluyó hasta las 16:00 horas con la amenaza de un paro total de labores.
Marco Antonio Pérez, capitán de Tránsito cesado por dar positivo en el examen antidopaje y con 25 años de servicio, dijo que los resultados de las pruebas no son reales, por lo que sus compañeros no acatarán las órdenes de sus superiores.
La estrategia de “limpiar” la corporación de Tránsito ocurre a unos días de las declaraciones de Mauricio Fernández Garza, edil de San Pedro, sobre la conformación de un grupo “rudo” de combate al crimen organizado, y del homicidio del secretario de Seguridad de García, general brigadier en retiro Juan Arturo Esparza. Los dos municipios de la zona metropolitana de Monterrey.
El alcalde regiomontano, de extracción panista, cesó a 224 uniformados de Tránsito y a 52 del área administrativa de la misma dependencia, tras una evaluación que realizaron el Consejo Ciudadano y la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).
El estudio determinó que de las mil 141 personas que integran la corporación, 340 cumplen con el perfil y 526 están condicionados y recibirán capacitación en valores y trabajo en equipo, principalmente. Los 276 uniformados removidos no tienen la preparación para vigilar las calles del municipio más grande del estado, en donde vive 85% de los neoleoneses.
No habrá marcha atrás: alcalde
El edil dijo que lo único que ofrecerá a los elementos separados es una liquidación conforme a la ley. “Seguramente en esta depuración puede haber injusticias de gente que se va, inclusive gente que se queda, pero nosotros tenemos que tomar una decisión y esa decisión ya está tomada”.
Los elementos cesados tendrán derecho a una liquidación o jubilación íntegra. Quienes permanezcan en la dependencia no tendrán ninguna oportunidad más y en caso de ser descubiertos en actos de corrupción serán destituidos si ningún beneficio laboral y se les iniciará un proceso penal.
El director de la corporación de Vialidad y Tránsito, Enrique Barrios, dijo que se llegó al acuerdo con parte de los uniformados para que regresaran a las calles a prestar sus servicios a la ciudadanía.
“Vamos a seguir prestando todos los servicios, a través del alcalde Fernando Larrazábal, la ciudadanía nos está exigiendo la depuración de Tránsito por tantos actos de corrupción que había y no vamos a dar marcha atrás, de ser necesario nos quedaremos únicamente con esos 300, contrataremos más y prescindiremos de los malos elementos”.
Permanecen acuartelados
Al lugar arribaron uniformados del grupo antimotines de la policía de Monterrey, quienes se mantuvieron a la expectativa de cualquier contingencia mayor que pudiera presentarse. Alrededor de las 16:00 horas, los oficiales de Vialidad y Tránsito retiraron las patrullas que obstaculizaban el acceso a las instalaciones y llegaron al acuerdo de permanecer acuartelados en tanto no hubiera resolución a su inconformidad.
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