Unos narcos confiesan que intentaron sobornar a un guardia civil con 300.000 euros

Dos narcotraficantes admitieron ayer en el juicio celebrado en Alicante que intentaron sobornar a un guardia civil ofreciéndole 300.000 euros por hacer la vista gorda en la entrada, a través de la costa, de una partida de casi cuatro toneladas de hachís. Los implicados reconocieron los hechos, según confirmaron fuentes de la Audiencia Provincial, a cambio de una reducción en la condena solicitada por la Fiscalía.

Según se desprende del escrito de la acusación pública, los procesados alquilaron una nave industrial en el polígono alicantino del Llano del Espartal, destinada a ocultar la droga que cuatro magrebíes, uno de ellos declarado en rebeldía, planeaban desembarcar en una zona del litoral, entre Alicante y Murcia. El grupo de contrabandistas entregó a M. C. E. el dinero necesario para pagar ese arrendamiento, junto con la compra de bidones de gasolina para las embarcaciones en las que sería transportada la sustancia estupefaciente.

En octubre del 2004, la Guardia Civil, con la pertinente autorización judicial, registró el inmueble industrial y halló en su interior un turismo Ford Focus, alquilado, y 200 kilos de hachís de gran pureza. Por estos hechos fueron detenidos M. C. E. y E. J. A., a quienes se atribuye el intento de soborno de un agente, lo que constituye un presunto delito de cohecho.

La investigación permitió localizar una segunda nave, esta vez en el Pla de la Vallonga de Alicante, donde fueron interceptados los acusados J. T., A. K. y M. K. Allí fueron aprehendidos otros 3.878 kilos de hachís, cuyo valor en el mercado negro supera los 5,1 millones de euros. La Fiscalía solicitaba penas de cuatro años de prisión para tres de los implicados, por un delito contra la salud pública; once y medio para otro, por delitos contra la salud pública y cohecho, y siete años y medio para otro, por los mismos delitos anteriores.

Al aceptar los hechos, el Ministerio Público rebajó las penas: para M. C. E. y E. A. J., tres años de cárcel; para S. A. M. reclamó un año y nueve meses; y para los dos últimos, A. R. y M. B., tres años y un día de cárcel y una multa de 335.000 euros.