lunes, 24 de agosto de 2009

VENEZUELA. En 20 meses ha sido imposible juzgar a tres agentes del GAES

Esperan que el 13 de octubre se pueda conocer qué pasó con José Rafael Grosso

Desde 2006 se encuentra desaparecido Grosso, y según su hermano, hay presiones para impedir que se juzgue a funcionarios policiales (Archivo)

Barquisimeto.- Tras el nombramiento de dos nuevos escabinos de los tres establecidos, se espera que el 13 de octubre próximo tenga lugar el juicio que se intenta llevar a cabo desde hace casi dos años en Barquisimeto en contra de tres efectivos de la Guardia Nacional y del Grupo Antiextorsión y Secuestro (GAES), pertenecientes al Comando Regional 4.

Se trata del conocido "caso Grosso", ocurrido el 7 de diciembre de 2007, cuando José Rafael Grosso, quien cumpliría 45 años de edad el domingo pasado y conocido empresario caroreño, fue comisionado (por la amistad que le unía a la hija de Francisco Olivera, un productor agropecuario secuestrado el 29 de noviembre de ese mismo año), para servir como mediador y entregar el dinero del rescate, el cual ascendía al millón de bolívares fuertes.

El relato lo hace su hermano, Giovanny Grosso, ingeniero de profesión y quien desde este tiempo viene luchando, según dice, en contra de la impunidad, para saber el paradero de su hermano.

En este caso se encuentran imputados tres efectivos del grupo GAES del Comando Regional 4, asentado en Barquisimeto, Yilfor Jiménez, Roger Garrido y Ulises Montilla, según consta en el expediente. Las pruebas de su participación están grabadas, declaradas por testigos, expresadas en el expediente y sin embargo, en un proceso que lleva 20 meses ha sido imposible lograr un veredicto.

Cada vez que se presentan en el tribunal, los defensores plantean situaciones que impiden el procedimiento, recusan a la juez o recusan a la fiscal. El último evento fueron presuntas amenazas recibidas por los escabinos, quienes renunciaron por miedo.

Grosso, quien pertenece al Comité de Víctimas contra la Impunidad del estado Lara, denunció la situación de indefensión en la que se encuentra debido a que ha acudido a todas las instancias, pero nada ha sucedido.

Su hermano desapareció el pasado 9 de diciembre de 2007, luego de recibir el dinero que iba a cancelar para el secuestro y que fue entregado en presencia de los funcionarios del GAES y la familia de Francisco Olivera, cuando se dirigía hacia el sitio indicado por la banda de "el Caliche" en la vía Lara-Zulia.

A la salida de Carora -según testigos que no se identificaron- fue interceptado por dos ve- hículos: una camioneta negra y un Toyota azul. Tres hombres se bajaron, sacaron a José Rafael Grosso, lo metieron en la camioneta negra y el otro se llevó el bolso con el dinero.

A partir de allí no se supo más de Grosso, pero a los dos días apareció Olivera, quien según la Fiscalía ofreció versiones poco claras, como el que nunca se recibió el dinero del rescate y que tuvo que negociar con sus captores, y "que tuvo que llamar a un amigo que le prestó el dinero y lo dejaron tirado al frente de la iglesia de la Chinita".

En un principio los miembros del Grupo Antiextorsión y Secuestro quisieron involucrar a José Rafael Grosso, sin embargo, Giovanny Grosso, su hermano, acudió al Cicpc para poner la denuncia de la desaparición de su hermano. La Interpol descubrió la camioneta de la víctima en el aeropuerto de Barquisimeto. Allí detuvieron a un funcionario de la Policía de Lara quien los llevó a Daniel Dati, un datero del GAES (hoy en fuga), y su familia. Entonces se conoció la identidad de los funcionarios involucrados. Todas las llamadas fueron rastreadas, revelando el recorrido, salvo el destino final de José Grosso, sobre quien se teme lo peor, como reconocen sus propios familiares.

Aunque fue nombrada hace un año una comisión de alto nivel de la Fiscalía, según informó Giovanny Grosso, nada se ha logrado "porque nadie está investigando el paradero de mi hermano", comentó.


Marla Prato
ESPECIAL EL UNIVERSAL

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