Foto: Archivo / EL TIEMPO
El magnicidio ocurrió el 18 de agosto de 1989 en el parque de Soacha (Cundinamarca). Los sicarios portaban documentos que los acreditaban como militares, que les entregó el teniente Carlos Flórez.
A 78 días de cumplirse 20 años del magnicidio. Fiscalía y Procuraduría evalúan vinculación de cinco políticos cercanos al Movimiento de Renovación Nacional (Morena) y ex miembros de la Fuerza Pública.
Ambos organismos trabajan a marchas forzadas para impedir que la impunidad termine imponiéndose en el crimen de Luis Carlos Galán Sarmiento, ocurrido el 18 de agosto de 1989 y uno de los más graves ocurridos en el país en el siglo pasado.
Ayer, el procurador Alejandro Ordóñez confirmó que hay "nuevas pruebas que determinan, al parecer, la autoría intelectual y material de este asesinato".
De acuerdo con las normas penales vigentes en la época, si una persona no es procesada y acusada por un homicidio en los 20 años siguientes, quedaría a salvo de la justicia.
Pero nuevas pruebas reunidas en los últimos meses le han dado piso a una salida que evitaría la prescripción: la Fiscalía considera que el crimen del fundador del Nuevo Liberalismo hizo parte de un plan que buscaba eliminar todo su ideario político.
Su muerte, la de Rodrigo Lara Bonilla y la de decenas de concejales de esa colectividad, así como el atentado a Enrique Parejo y el intento de secuestro de Alberto Villamizar, serían asimilados a un crimen de lesa humanidad y la prescripción no aplicaría.
¿Cuál es el afán? Los dos organismos tienen serios indicios de la presunta participación de altos oficiales de la Fuerza Pública y de políticos cercanos a los 'paras' del Magdalena Medio en el magnicidio de Galán Según la tesis que investiga el despacho del Fiscal General, hubo una alianza múltiple para perpetrar el crimen.
En el complot participaron el cartel de Medellín y su cuerda política, por un lado; los grupos 'paras' de Puerto Boyacá, que fueron los que pusieron los sicarios, y algunos miembros de la Fuerza Pública de la época y políticos, que compartían el ideario del Movimiento de Renovación Nacional (Morena) en los 80.
Altas fuentes judiciales le dijeron a EL TIEMPO que se estudia la vinculación de por lo menos cinco ex servidores del Estado como partícipes en el crimen.
Los cabos sueltos
El jefe paramilitar 'Ernesto Báez', que hizo parte de 'Morena' y sobrevivió en el mundo de las autodefensas y del narcotráfico hasta su desmovilización con las autodefensas, hace cuatro años, será pieza clave del proceso.
Él era ideólogo de ese grupo político y la Fiscalía quiere ampliar la versión que dio en Justicia y Paz hace dos años, cuando aseguró que "sin la estrecha participación del DAS y del B-2 no se habría ejecutado el crimen".
La investigación encontró que cambios de último momento en el esquema de protección de Galán, que era responsabilidad del DAS, facilitaron la acción de los sicarios.
También, que los asesinos contaron con la colaboración de al menos un oficial del B-2 del Ejército, que les dio credenciales para que pudieran entrar al círculo más cercano a la tarima, donde Galán realizaba un acto político en Soacha (Cundinamarca).
Ese oficial, Carlos Humberto Flórez, fue condenado por haber participado en el asesinato del líder sindical Teófilo Forero y por eso, la investigación intenta establecer vasos comunicantes entre la embestida criminal contra la UP y contra el Nuevo Liberalismo.
'Que se investiguen todas las pistas'
El senador Juan Manuel Galán, hijo mayor del líder liberal, celebró ayer el nuevo impulso en la investiga- ción por el magnicidio.
Galán recordó que su familia lleva dos décadas insistiendo para que se investiguen todas las hipótesis y señaló una reciente condena de la Unión Interparlamentaria hacia la impunidad en este caso, por el que el único condenado es John Jairo Vásquez, alias 'Popeye'.
"Este crimen es como un rompe- cabezas -dijo Galán-. La ficha del cartel de Medellín y sus políticos ya se conoce. También la de los 'paras' del Magdalena Medio, pero falta explorar la responsabilidad de otros políticos y por qué agentes del Estado desprotegieron a Luis Carlos Galán y otros intentaron desviar la investigación".
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