El Viernes 6 de marzo, a las 14:16 h el Comandante 2ª Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Vitoria (Álava), colocó en los bajos de su vehículo oficial una bomba lapa simulada, para supuestamente comprobar si los agentes que vigilan el acuartelamiento en el que radica dicha Comandancia, permanecían alerta y atendían los protocolos de seguridad previstos.
Dicho extremo no hubiese tenido nada de particular si se hubiese avisado a los miembros del Núcleo de Servicios de Vitoria de la existencia de ese supuesto simulacro y si durante el mismo se hubiesen seguido los protocolos establecidos para caso de atentado como hubiesen resultado el desalojo del acuartelamiento, el acordonamiento de las inmediaciones del mismo y el aviso a los servicios de emergencia.
Sin embargo ninguno de estos extremos se perfeccionó, por lo que pudiera parecer que la actuación desarrollada carecería de cualquier amparo reglamentario y que la misma en lugar de tratarse de un simulacro de atentado, podría tratase de una práctica poco lícita para intentar presionar a ciertos agentes díscolos que prestan dicho servicio con habitualidad.
A las 14:16 h el Comandante 2ª Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Vitoria intentó acceder a la misma en su vehículo oficial Citroen C5, iniciándose inmediatamente las operaciones de revisión del mismo por los agentes de guardia. El agente encargado de la revisión de los bajos del vehículo localizó el artefacto simulado, pero sin embargo y por presunta orden de dicho oficial el protocolo de atentado no se activó de forma absolutamente sorprendente, limitándose la actuación a dejar una simple constancia en la papeleta de servicios.
El simulacro no había sido comunicado a los agentes de guardia. El agente que efectuó la revisión de los bajos del vehículo sufrió una crisis de ansiedad con tal motivo, debiéndosele recetar diversos ansiolíticos. Los agentes afectados van a iniciar acciones legales contra el Comandante 2ª Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Vitoria por la presunta comisión de sendos delitos de desordenes públicos, contra los derechos de los trabajadores, amenazas y coacciones, al entender que la acción desarrollada carece de cualquier amparo legal y moral y que supone una vejación para los Guardias Civiles afectados, que los mismos no tienen obligación de tolerar, máxime dada la situación en la que los mismos desarrollan sus funciones en las provincias vascas. Consultado Antonio SuárezValdés, letrado director de la causa, el mismo refiere que, de haberse tratado de un simulacro de atentado, el mismo hubiera debido ser puesto en conocimiento de todas las partes y entidades afectadas, debiendo haberse desarrollado de acuerdo con un protocolo de actuación estricto, extremos que no se dan en el presente caso.
Si a esto se le suma la reciente presentación de diferentes solicitudes por parte de los miembros del Núcleo de Servicios de Vitoria, encargados de la vigilancia del acuartelamiento en el que reside la Comandancia de la Guardia Civil de dicha localidad, que no han sido bien miradas por la superioridad, pudiera haberse dado el caso de que dicha actuación no hubiera tenido otro objeto que el presionar a los agentes bajo la amenaza de sanciones disciplinarias para el caso de que no se hubiese detectado la bomba simulada, hecho este presuntamente delictivo.
Por ello la representación de los Guardias Civiles afectados se personará como acusación particular en la causa emprendida para esclarecer todos estos hechos.
Fuente: Portaldelguardiacivil
fUENTE
Dicho extremo no hubiese tenido nada de particular si se hubiese avisado a los miembros del Núcleo de Servicios de Vitoria de la existencia de ese supuesto simulacro y si durante el mismo se hubiesen seguido los protocolos establecidos para caso de atentado como hubiesen resultado el desalojo del acuartelamiento, el acordonamiento de las inmediaciones del mismo y el aviso a los servicios de emergencia.
Sin embargo ninguno de estos extremos se perfeccionó, por lo que pudiera parecer que la actuación desarrollada carecería de cualquier amparo reglamentario y que la misma en lugar de tratarse de un simulacro de atentado, podría tratase de una práctica poco lícita para intentar presionar a ciertos agentes díscolos que prestan dicho servicio con habitualidad.
A las 14:16 h el Comandante 2ª Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Vitoria intentó acceder a la misma en su vehículo oficial Citroen C5, iniciándose inmediatamente las operaciones de revisión del mismo por los agentes de guardia. El agente encargado de la revisión de los bajos del vehículo localizó el artefacto simulado, pero sin embargo y por presunta orden de dicho oficial el protocolo de atentado no se activó de forma absolutamente sorprendente, limitándose la actuación a dejar una simple constancia en la papeleta de servicios.
El simulacro no había sido comunicado a los agentes de guardia. El agente que efectuó la revisión de los bajos del vehículo sufrió una crisis de ansiedad con tal motivo, debiéndosele recetar diversos ansiolíticos. Los agentes afectados van a iniciar acciones legales contra el Comandante 2ª Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Vitoria por la presunta comisión de sendos delitos de desordenes públicos, contra los derechos de los trabajadores, amenazas y coacciones, al entender que la acción desarrollada carece de cualquier amparo legal y moral y que supone una vejación para los Guardias Civiles afectados, que los mismos no tienen obligación de tolerar, máxime dada la situación en la que los mismos desarrollan sus funciones en las provincias vascas. Consultado Antonio SuárezValdés, letrado director de la causa, el mismo refiere que, de haberse tratado de un simulacro de atentado, el mismo hubiera debido ser puesto en conocimiento de todas las partes y entidades afectadas, debiendo haberse desarrollado de acuerdo con un protocolo de actuación estricto, extremos que no se dan en el presente caso.
Si a esto se le suma la reciente presentación de diferentes solicitudes por parte de los miembros del Núcleo de Servicios de Vitoria, encargados de la vigilancia del acuartelamiento en el que reside la Comandancia de la Guardia Civil de dicha localidad, que no han sido bien miradas por la superioridad, pudiera haberse dado el caso de que dicha actuación no hubiera tenido otro objeto que el presionar a los agentes bajo la amenaza de sanciones disciplinarias para el caso de que no se hubiese detectado la bomba simulada, hecho este presuntamente delictivo.
Por ello la representación de los Guardias Civiles afectados se personará como acusación particular en la causa emprendida para esclarecer todos estos hechos.
Fuente: Portaldelguardiacivil
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