| 
Portada del periodico Critica de Santa Fe (vista parcial) CORRUPCIÓN EN LA TROPA. Una decena de jefes policiales está involucrada en causas por presunto enriquecimiento ilícito. Hay dificultad para investigar los bienes. La Dirección de Asuntos Internos de la Policía provincial concluyó el informe anual sobre investigaciones realizadas sobre posibles delitos cometidos por miembros de la fuerza. Las cifras dan cuenta que hay 1.470 expedientes activos, de los cuales alrededor de 300 se abrieron en 2008. Cuando una de esas averiguaciones confirma la presunción de que el policía investigado cometió un delito, el área deriva el caso a la Justicia penal. Tal es el caso de 13 causas iniciadas por presunto enriquecimiento ilícito de policías. Ocho de ellos, con jerarquía de jefes, está bajo proceso judicial por no haber justificado sus patrimonios. Todos son oficiales superiores y algunos están en actividad, dijo el comisario Mario Franco, director del área.
En 2004, la ley 12.234 habilitó a Asuntos Internos a investigar de oficio o a partir de denuncias fundadas a agentes activos y aquellos que llevan hasta seis años de retiro. Desde entonces, esta repartición abrió pesquisas sobre 80 policías de rangos medios y altos. “El paradigma fue el caso de Rodolfo Isach, a quién recién pudimos investigar profundamente con la nueva ley”, mencionó Franco.
Isach llegó al grado de comisario mayor y fue jefe de la Unidad Regional XVII, de San Lorenzo. Pero fue expulsado de la policía en 1998 por varias denuncias en su contra. Además de un yate, la Justicia rosarina sospecha que tiene otras embarcaciones, casas, campos y otros bienes a nombre de terceros. Hasta el año pasado vivía en Ostende, sobre la costa argentina. Está investigado por delitos cometidos en la dictadura en perjuicio de detenidos en la Quinta de Funes y en el chupadero conocido como La Intermedia, junto a la autopista Brigadier López y el río Carcarañá. Otro de los investigados es otro ex jefe departamental de San Lorenzo, Juan Alberto Quesada. La causa está abierta en el juzgado de instrucción nº 4 de Rosario, a cargo de Jorge Eldo Juárez. Está en trámite de justificación de patrimonio. La defensa de Quesada pidió prórroga
LA PLATITA, LA PLATITA. El director de Asuntos Internos dijo que hay tres oficiales jefes de la zona sur y dos del norte que están bajo proceso judicial, sospechados de enriquecimiento ilícito. No soltó nombres, pero en algunos casos no hace falta. Son conocidos. En abril del 2008 se elevaron a la Justicia dos causas resonantes. La más escandalosa, la del comisario mayor retirado Hugo Giuliano, denunciado por la entidad gremial de policías Apropol, cuatro años atrás. El juez de instrucción penal rosarino Alfredo Ivaldi Artacho debe establecer cómo hizo Giuliano para tener dos edificios de 10 pisos y 8 cuentas bancarias en distintas entidades crediticias, en pesos y en dólares. En el 2001, la jueza Carina Lurati le abrió una causa tras una serie de denuncias vinculando a Giuliano con cajas negras, pero fue absuelto.
Otro de los que está complicado es Rubén Ávalo, ex jefe de la plana mayor durante la gestión de Jorge Pallavidini al frente de la policía. La denuncia la presentó Apropol en el 2005 y Asuntos Internos culminó el sumario en abril. La instrucción está a cargo del juez santafesino José Manuel García Porta. Ávalo y su hija son investigados por la adquisición de cuatro vehículos y, al menos, siete propiedades en la ciudad de Esperanza.
También está bajo la lupa del juez una veintena de policías y 3 ex jefes, entre ellos Julio Pallavidini, hermano del ex Nº 1 de la cúpula durante la segunda gobernación de Jorge Obeid. De los jefes en actividad, están en etapa judicial de justificación de bienes el comisario principal Cristian Nicolás Romero, de 40 años, que actualmente presta servicios en la regional del departamento General López, y el sargento José Ramonda (ex secretario y chofer de Romero). Los dos tienen una investigación en curso en los tribunales de Rosario. Hasta hace unos meses, ambos cumplían funciones en la Brigada de Inteligencia Zona Sur de la ex Dirección de Drogas Peligrosas.
Investigadores, no jueces
La Dirección de Asuntos Internos, creada en 1998, audita el trabajo de los agentes en todos sus rangos. Cuenta con 120 agentes en toda la provincia para una población policial de 17.000 efectivos en actividad y 4.000 retirados, susceptibles de ser alcanzados por los controles. Corre con desventaja si se coloca al costado de delitos complejos: no tiene médicos ni contadores. Los primeros, indispensables para verificar apremios; los segundos, necesarios para identificar los fraudes económicos o estrategias para colocar bienes y propiedades a nombre de testaferros. El titular del área, comisario Mario Franco, reconoce la falencia y adelanta que evalúan incorporar tecnología para hacer frente a esas exigencias.
La tarea de esta unidad de control llevó a juicio a 52 policías, que fueron procesados por diversas causas, y de los cuales 15 ya fueron condenados.
“Nosotros hacemos una investigación de patrimonio ante una sospecha, pero es la Justicia la que establece si hubo enriquecimiento ilícito o no. En la etapa investigativa, le damos la posibilidad de justificarlo, pero no juzgamos. No es una tarea fácil: la ley exige cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Hemos tenido casos en los que tuvimos un universo de 50 personas para investigar en el entorno del policía sospechado. Una vez que termina esa etapa, hay que establecer si tienen algún nexo”, describió el responsable del área. Fuente: Critica Digital |
No hay comentarios:
Publicar un comentario