Las extorsiones cobran auge en las ciudades de todo el país
En un sector cercano a la residencia presidencial La Casona fueron detenidos de manera flagrante dos funcionarios policiales cuando desde un teléfono público llamaban a un comerciante para amenazarlo de muerte.
Los detectives de la División contra Extorsión y Secuestros del Cicpc atraparon a John Rafael Quintana y Carlos Alberto Torres adscritos a la Policía de Sucre y Miranda cuando intimidaban a su víctima desde una caseta telefónica del sector. Los investigadores los sorprendieron al precisar el origen de la llamada gracias a una laptop que contiene la data de todos los teléfonos públicos del país.
El comerciante agobiado por las amenazas y tras recibir una ráfaga de disparos en la fachada de su negocio decidió acudir al Cicpc. Meses antes su madre había sido secuestrada en dos ocasiones. En esas oportunidades había pagado, pero no se atrevió a denunciar los hechos a las autoridades.
La extorsión, uno de los actos delictivos que ha cobrado mayor auge entre las bandas de delincuentes. El pasado año en Venezuela el Cicpc inició 619 expedientes relacionados con secuestros y otros 287 casos vinculados con extorsiones. Por lo general las aterrorizadas víctimas prefieren no denunciar aunque la tranquilidad de su núcleo familiar se encuentre en constante zozobra.
Las autoridades estiman que el 90% de las extorsiones telefónicas se ejecutan desde las cárceles en complicidad con otros integrantes de la banda que, por lo general, son policías y miembros del hampa común.
Cadena de intimidaciones En sus actos intimidatorios los extorsionadores acostumbran a disparar con armas de fuego y lanzar bombas incendiarias en las fachadas de las casas o negocios en horas de la madrugada. Por casuística se ha establecido que las bandas tienen un horario de oficina preestablecido para llamar a sus víctimas. Ejecutan las amenazas de ocho a doce y de dos a cuatro de la tarde. Aprovechan ese lapso para llamar a gerentes, productores agropecuarios, comerciantes y empresarios porque saben que están separados de sus familiares y lo hacen más vulnerable desde el punto de vista psicológico.
Una vez que la víctima accede a pagar el dinero continúan en su afán por obtener más dinero dándole la impresión al agraviado que le siguen de cerca sus pasos y que conocen al detalle cada una de las actividades de sus familiares cercanos.
Los investigadores han establecido que por lo general algún empleado de confianza de la víctima se encuentra conectado con las bandas delictivas, quien suministra parte de la pesquisa documental a los antisociales.
No obstante, en la actualidad los delincuentes conocen el perfil de las víctimas gracias a la información que los propios agraviados de manera distraída cuelgan en páginas de las redes sociales que se utilizan en Internet.
Las bandas de secuestradores y extorsionadores además cuentan con la participación directa e indirecta de funcionarios y ex funcionarios policiales.
Los detectives de la División contra Extorsión y Secuestros del Cicpc atraparon a John Rafael Quintana y Carlos Alberto Torres adscritos a la Policía de Sucre y Miranda cuando intimidaban a su víctima desde una caseta telefónica del sector. Los investigadores los sorprendieron al precisar el origen de la llamada gracias a una laptop que contiene la data de todos los teléfonos públicos del país.
El comerciante agobiado por las amenazas y tras recibir una ráfaga de disparos en la fachada de su negocio decidió acudir al Cicpc. Meses antes su madre había sido secuestrada en dos ocasiones. En esas oportunidades había pagado, pero no se atrevió a denunciar los hechos a las autoridades.
La extorsión, uno de los actos delictivos que ha cobrado mayor auge entre las bandas de delincuentes. El pasado año en Venezuela el Cicpc inició 619 expedientes relacionados con secuestros y otros 287 casos vinculados con extorsiones. Por lo general las aterrorizadas víctimas prefieren no denunciar aunque la tranquilidad de su núcleo familiar se encuentre en constante zozobra.
Las autoridades estiman que el 90% de las extorsiones telefónicas se ejecutan desde las cárceles en complicidad con otros integrantes de la banda que, por lo general, son policías y miembros del hampa común.
Cadena de intimidaciones En sus actos intimidatorios los extorsionadores acostumbran a disparar con armas de fuego y lanzar bombas incendiarias en las fachadas de las casas o negocios en horas de la madrugada. Por casuística se ha establecido que las bandas tienen un horario de oficina preestablecido para llamar a sus víctimas. Ejecutan las amenazas de ocho a doce y de dos a cuatro de la tarde. Aprovechan ese lapso para llamar a gerentes, productores agropecuarios, comerciantes y empresarios porque saben que están separados de sus familiares y lo hacen más vulnerable desde el punto de vista psicológico.
Una vez que la víctima accede a pagar el dinero continúan en su afán por obtener más dinero dándole la impresión al agraviado que le siguen de cerca sus pasos y que conocen al detalle cada una de las actividades de sus familiares cercanos.
Los investigadores han establecido que por lo general algún empleado de confianza de la víctima se encuentra conectado con las bandas delictivas, quien suministra parte de la pesquisa documental a los antisociales.
No obstante, en la actualidad los delincuentes conocen el perfil de las víctimas gracias a la información que los propios agraviados de manera distraída cuelgan en páginas de las redes sociales que se utilizan en Internet.
Las bandas de secuestradores y extorsionadores además cuentan con la participación directa e indirecta de funcionarios y ex funcionarios policiales.
Gustavo Rodríguez
EL UNIVERSAL
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