Los militares asesinaban a jóvenes y los hacían pasar por guerrilleros para conseguir ascensos.La unidad de derechos humanos de la fiscalía ha recibido 1.000 denuncias por desapariciones.
- El general Mario Montoya, durante una misión, en la selva de Colombia.
Foto:EFE
El pasado domingo, Montoya declaró al diario El Tiempo su malestar por esa histórica purga, que se llevó adelante sin consultarle. Ayer, al anunciar su dimisión, volvió a defender a sus hombres. "Pido a los colombianos que no les condenen sin antes haberles concedido el derecho a defenderse", dijo. El excomandante se fue con aplausos de su plana mayor. No se descarta que algunos generales dimitan en solidaridad. Montoya será reemplazado por el general Gilberto Rocha, representante colombiano ante la Junta Interamericana de Defensa.
Las revelaciones en torno al caso de 11 ciudadanos asesinados en la localidad de Soacha obligaron al Ministerio de Defensa a crear una comisión investigadora de la cual había sido excluido Montoya. Pronto quedó demostrado que era cierto todo lo que se decía sobre esas "ejecuciones extrajudiciales".
PUNTA DEL ICEBERG Pero lo ocurrido en Soacha con ellos es considerado apenas la punta del iceberg. El fiscal general del Estado, Mario Iguarán Arana, asegura que la unidad de derechos humanos de la fiscalía ha recibido más de 1.000 denuncias por desapariciones que pueden haber tenido el mismo fin.
La revista Semana acaba de reconstruir el escalofriante procedimiento: grupos mafiosos y personas vinculadas a sectores uniformados reclutan a jóvenes con pocos recursos con la promesa de trabajo. Los secuestran y luego los presentan como guerrilleros muertos en combate. "Hoy, en Colombia, el ascenso de un oficial se mide, en parte, por las bajas en combate. Si a esto se le suma una política de recompensas que premia el cadáver, se desemboca inevitablemente en excesos", agrega.
Hasta hace muy poco tiempo, el presidente, Álvaro Uribe, negaba estos crímenes. "El país eliminó en 1910 la pena de muerte", afirmaba. Las denuncias internacionales ayudaron a sacar a relucir el escándalo y han obligado a Uribe a pedir la máxima condena para los involucrados. Pero juzgarlos no es sencillo. Otros procesos contra militares por violación de los derechos humanos están empantanados. Las investigaciones son vistas por parte del Ejército fiel a Montoya como un triunfo judicial de la guerrilla.
DIVISIONES Según Semana, la cuestión humanitaria genera opiniones encontradas. Montoya representa la línea que todavía sospecha de la independencia de los tribunales. Su incuestionable eficacia militar, demostrada en el rescate de Ingrid Betancourt, "es comparable al anacronismo de su visión de las fuerzas armadas", cercana a la doctrina de seguridad nacional que EEUU propagó por América Latina en la guerra fría.
El general Freddy Padilla de León, comandante de todas las Fuerzas Armadas, mantiene, según la prensa colombiana, una visión moderna y universal del papel de un Ejército en una sociedad en conflicto. "Es preferible un guerrillero desmovilizado a un capturado, y un capturado a un muerto", suele decir.
Para la analista María Jimena Duzán, la política de "seguridad democrática" del presidente Uribe necesita ahora "un replanteamiento urgente, si no quiere terminar justificando el horror a través del autoengaño". Con un Ejército así, agregó, "difícilmente se puede ganar una guerra" contra las FARC.
Es en este contexto que el director de Human Rights Watch, el chileno José Miguel Vivanco, aseguró ayer que en Colombia "se comenten al año tantas violaciones de los derechos humanos como todas las ocurridas durante toda la dictadura de Augusto Pinochet en Chile".
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